Resumen: Violaciones reiteradas al imponer su voluntad sexual el acusado sobre la víctima despreciando los deseos o voluntad de la misma, imposición que conseguía por el miedo y terror que despertaba en su pareja. Se aplica la redacción del Código Penal vigente al momento de comisión de los hechos y no aquella en vigor cuando se celebró el juicio y dictó la sentencia al recogerse en esta última una agravante específica de ser o haber sido pareja la víctima del agresor, agravante específica que no se recogía en la redacción derogada. El carácter especialmente degradante o vejatorio como circunstancia agravatoria específica supone que el plus de antijuridicidad no reside en la propia relación sexual, sino en aquellos actos que relacionados con la misma ejerce el agresor sobre el agredido. Delito contra la integridad moral por los actos de humillación humana que el acusado profería contra quien era su pareja durante todo el tiempo que duró la convivencia. Compatibilidad con el también acreditado delito de maltrato habitual cuando los hechos que constituyen un delito son distintos de aquellos otros que pueden tomarse en consideración para el segundo.
Resumen: La AP condenó al acusado como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, recurriendo la sentencia la defensa del acusado ante el TSJ. Principio de presunción de inocencia. Valoración del testimonio de la víctima. Pretensión de que por aplicación de la nueva redacción del CP se le aplique el subtipo atenuado y se reduzca la pena, pretensión que no es acogida por el Tribunal. Irretroactividad de la Ley Penal. Ley Penal en el tiempo. Retroactividad de la nueva ley si fuera más favorable. Imposibilidad de imponer penas de oficio, que no fueron solicitadas. Principio acusatorio.
Resumen: Constituye un delito continuado de agresión sexual, y no de abuso sexual a menor de 16 años, al haberse conseguido doblegar la oposición de la menor con actitudes eminentemente intimidatorias. A ello ha de añadirse la agravante específica de prevalimiento o abuso de superioridad al tratarse del padrastro de la menor con la que convivía. Al haberse producido una modificación legal debe de procederse a la comparación de los dos textos para determinar, en primer lugar, que tanto en una como en otra redacción, los hechos son constitutivos de delito, y en segundo término, la pena que resultaría más favorable en función de la aplicación de uno u otro. Para determinar la pena más favorable ha de tomarse en consideración el texto completo en una y en otra redacción, Siendo menos favorable el actual al incluir una pena privativa de derechos de una duración muy superior a la anterior.
Resumen: Condena a un acusado como autor material de seis delitos sexuales cometidos sobre víctimas menores de dieciséis años, en la modalidad de abusos sexuales con introducción de miembro corporal, en cinco de los casos, y en uno de ellos por agresión sexual en grado de tentativa, y le absuelve de dos acusaciones más de abusos sexuales contra otras dos menores. Presunción de inocencia y pruebas de cargo bastante para desactivarla. Testimonio de las menores víctimas de los hechos perseguidos. Valoración de los denominados "indicios en peine" en referencia a los testimonios vertidos por diversas personas, que no tienen más relación entre ellas que el contacto con el acusado, de modo que en estos casos el potencial incriminatorio es mayor pues cada testimonio sirve de soporte corroborador al otro o a los otros, pues expresa las mismas circunstancias sobre el abuso descrito por cada uno de ellos. Dificultades que suscita la declaración de los menores de edad en procedimientos penales en los que tienen la condición de testigos y de posibles víctimas de actos contra su propia indemnidad o libertad sexual. Continuidad delictiva en los delitos sexuales. Retroactividad de la ley penal más favorable. La reforma operada por L.O. 10/2022 no dispensa un tratamiento punitivo más favorable para las agresiones sexuales con penetración cometidas sobre víctimas menores de dieciséis años.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: menor de dieciséis años con una discapacidad intelectual de 49%. PRUEBA PRECONSTITUIDA: acordada por la edad y por la discapacidad del menor y no cuestionada por las partes. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA: eficacia como prueba de cargo. Criterios de valoración, cuya ausencia o deficiencia en uno no invalida su valoración. Solidez de la declaración y riesgo para la presunción de inocencia. La discapacidad del testigo no supone que no pueda realizar un relato de hechos vividos con coherencia interna y externa. Elementos de corroboración externos testificales y periciales. DELITO CONTINUADO: válido en los delitos de contenido sexual cuando los actos obedecen a un plan del autor que refleja un dolo unitario con una conexión temporal. AGRAVANTE ESPECÍFICA DE VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA: la discapacidad del sujeto puede no haber sido percibida por la acusada, con sus capacidades intelectivas también afectadas. ATENUANTE DE ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA: déficit biológico o biopatológico que impide comprender la ilicitud del hecho. NORMA APLICABLE: en conjunto, la LO 10/2022. PENAS ACCESORIAS: la norma aplicable hace imperativa su imposición.
Resumen: La AP condenó al acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Valoración del testimonio de la víctima. Ausencia de móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad. Testimonio de referencia de la madre, a la que sí había contado el acusado que había cometido los hechos. Prueba pericial psicológica que considera el testimonio de la menor como consistente y coherente.
Resumen: Error de hecho. Documentos a efectos casacionales: no pueden tratarse de pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa, ni, en consecuencia, puede asegurarse que los elementos probatorios que pongan de manifiesto se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en estos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal de instancia. De modo que las manifestaciones de la víctima y de su madre no son pruebas documentales sino personales; la fundamentación de la sentencia de instancia y la valoración de las pruebas periciales tampoco son pruebas documentales sino razonamientos expuestos en la sentencia. Prevalimiento: la razón de ser de la agravación se justifica por el plus de antijuridicidad y culpabilidad que denota una agresión sexual en el marco de una relación familiar por la mayor facilidad que dicho escenario supone y por el quebrantamiento de los especiales deberes de respeto y dignidad que se derivan --en el caso enjuiciado-- de la relación paternofilial, y ello no guarda conexión con el consentimiento de la víctima , por lo que si la víctima es obligada al mantenimiento de la relación, y, además, la agresión se realiza en el marco de una relación parental con pleno conocimiento de ello, se está en el caso de aplicar el subtipo agrava. Sucesión normativa. El cotejo debe hacerse comparando en bloque ambos esquemas normativos, pues solo así puede detectarse qué régimen resulta más beneficioso.
Resumen: Tras la vigencia de la LO 10/2022, opera el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Conforme a la ley entonces vigente, los hechos fueron calificados como un delito de agresión sexual con acceso carnal de los arts. 178 y 179 CP, castigado con pena de 6 a 12 años de prisión, que, al ser apreciada la circunstancia de parentesco, como agravante, en aplicación del art. 66.1.3ª CP, lo fue en la mitad superior, si bien se impuso en la mínima extensión de 9 años y 1 día de prisión. Con la nueva ley los mismos hechos son subsumibles en un delito de agresión sexual, con acceso carnal de los nuevos arts. 178 y 179, si bien concurriendo el subtipo agravado del art. 180.4ª circunstancia, esto es, "cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia", con lo que, en tal caso, el arco penológico imponible abarca de 7 a 15 años de prisión. Es evidente que la anterior circunstancia agravante de parentesco no ha de ser tenida en cuenta, en evitación de un bis in idem, de manera que, asumiendo el criterio que tiene en cuenta la sentencia de instancia y que nos parece razonable mantener, la nueva pena la fijamos, de acuerdo con lo informado por el M.F., en 7 años de prisión. En aplicación del nuevo art. 192.3 CP, se impone la de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.
Resumen: Agresión sexual menor de 16 años. Eficacia probatoria y credibilidad del testimonio de la víctima. Se analiza la diligencia de cotejo, conforme a las prescripciones de los arts. 588 c) y demás concordantes de la LECrim, ya que se trataba del registro de un dispositivo de almacenamiento de información. Aplicación de la Ley Orgánica 10/2022.
Resumen: La sentencia objeto de la casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación de la dictada por la Audiencia Provincial que ha conocido del objeto del proceso penal en el que, en la primera instancia, se celebró el juicio oral con la práctica de la prueba, y en la segunda se ha procedido a la revisión del pronunciamiento condenatorio dictado en la primera instancia. La casación que surge de la reforma operada por la ley 41/2015, ha de tener un contenido distinto al hasta ahora dispensado por el Tribunal Supremo, más respetuosa con sus orígenes, ser un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad, y asegurar, al tiempo, la unidad en la interpretación del derecho, en cada supuesto concreto sometido a la jurisdicción penal y, de manera general, declarar el sentido de la norma.
